Por Pablo Azócar
Hubo celebraciones en el gobierno por el bajo monto asignado por un tribunal internacional a Víctor Pey para la reapertura del diario Clarín. ¿A qué le temen tanto las autoridades chilenas?
Las dos noticias, sin aparente conexión entre sí, se conocieron al mismo tiempo: el dictamen que les da la razón a quienes intentan desde hace años reabrir el diario Clarín, aunque con un monto mucho menor del que se esperaba, y la detención en el sur de la documentalista Elena Varela. Pero ambos hechos sí tienen toda conexión.
La documentalista se encontraba desde hace tres años preparando el documental Newen Mapuche, cuando fue detenida y formalizada la semana pasada por “asociación ilícita”, acusada de participación intelectual en dos asaltos como parte de una célula mirista. Lo sintomático en este caso es la reacción del gobierno y de los principales medios de comunicación: la condena a priori. De inmediato se la calificó como “terrorista”, se la vinculó a un grupo que realizó un intento fallido de secuestro a un empresario brasileño y, como noticia principal, se cuestionó que el Fondart le hubiese entregado 60 millones para la realización del documental. El viernes la propia Presidenta Bachelet se hizo cargo del tema del Fondart afirmando que “si es necesario fiscalizar de mejor manera la asignación de recursos, eso se hará”.
Como en los viejos tiempos del régimen militar, sin que haya mediado todavía algún juicio o sentencia de tribunales, la documentalista fue “condenada” sin más. “Ese artista frustrado que aparece en todo terrorista y ese terrorista frustrante en que se han convertido algunos artistas, tienden a converger”, afirma este domingo el columnista de El Mercurio Gonzalo Rojas Sánchez. “Sí, entre los terroristas y el cine ha habido siempre una especial intimidad. Lo novedoso es que sea el Fondart, el Estado de Chile, el que financie ahora esta relación”.
La Asociación de Documentalistas de Chile expresó su preocupación por el trato que está recibiendo Varela y por el destino del material audiovisual que ella ha reunido durante tres años, pero esto casi no se publicó en los principales medios de prensa.
La Asociación de Documentalistas declaró dar fe de que el trabajo de Varela es de conocimiento público desde hace años, que participó con su película en el DocSantiago 2007 –taller institucional de presentación de proyectos ante canales y productores chilenos y extranjeros- y que el rodaje contemplaba expresamente la realización de recreaciones de tomas de terreno con vestuarios y armamento de fantasía. “Nos preocupa la suerte de Elena (Varela), debido a que tanto el gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora”, afirma la asociación que reúne a los principales documentalistas del país.
Pero de esto apenas se ha informado.
Es esta visión uniforme de la realidad lo que amenaza la posible aparición de un diario como Clarín. Sólo esto explica la tenacidad, la fuerza y la enorme cantidad de recursos que ha gastado el oficialismo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que por lo demás nada tiene de izquierdista: depende del Banco Mundial. El crimen de Víctor Pey fue anunciar desde el inicio que con ese dinero editaría Clarín, y para demostrarlo cedió el 90% de la propiedad del diario a la Fundación Presidente Allende.
En un extenuante proceso que se ha estirado por más de diez años, las autoridades chilenas apelaron a una batería de recursos, apelaciones y ardides legales, desde ejecutar a velocidad crucero una indemnización “tongo” de casi 10 millones de dólares a otros presuntos dueños de Clarín –que el Ciadi demostró que no correspondía- hasta recusar a la jueza francesa del Ciadi Brigitte Stern por haber escrito antes, en marzo de 1999, en el diario francés Le Monde, en un artículo titulado “Temblad ex dictadores”, que Pinochet había cometido crímenes contra la humanidad.
¿El pecado de la jueza que las autoridades chilenas consideraron inadmisible?: haber criticado públicamente a Pinochet.
¿No hay algo que huele terriblemente a conocido en la feroz oposición de las autoridades chilenas a la reaparición de Clarín? (Sólo en bufetes de abogados el Estado chileno ha gastado ya otros 10 millones de dólares, según cifras entregadas por el propio ministerio de Economía.) ¿No lleva esto a recordar la defensa engrifada y dispendiosa que hicieron cuando Pinochet fue detenido en Londres? Las autoridades chilenas se jugaron la vida para repatriar a Pinochet con el argumento de que en Chile estaban dadas todas las condiciones para que fuera juzgado y condenado. Por supuesto que ello nunca ocurrió, y ni siquiera los millonarios escándalos de corrupción en torno al caso Riggs impidieron que el viejo dictador muriera plácidamente acostado en su cama.
La guerra abierta a Clarín no es casualidad. El ex director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, ha denunciado varias veces, sin ser desmentido, que los gobiernos de la Concertación ejecutaron operaciones sistemáticas para eliminar a todas las publicaciones que se opusieron al régimen de Pinochet, incluyendo presiones directas y maniobras como impedir un financiamiento concreto que ofrecía para ellas el gobierno holandés con el objeto de que se mantuvieran y se adaptaran a las nuevas condiciones. Cárdenas ha sostenido que esto es parte de un pacto implícito de las autoridades chilenas con El Mercurio y La Tercera, y ha recordado que el propio embajador de Noruega declaró, a mediados de los 90, que una comisión oficial chilena “viajó por todos los países europeos para hacerles ver que cualquier ayuda a los medios de comunicación u ONGs sería vista como una injerencia indebida en los asuntos internos de Chile”.
Lo que se tiende a olvidar, en este tráfago, más allá de las cifras involucradas, es que el dictamen de Ciadi fue contra el gobierno chileno: el tribunal del Banco Mundial desmontó uno a uno casi la totalidad de sus argumentos. También en su momento jurisprudencias de diferentes países fallaron abrumadoramente contra Pinochet y varios de sus asesores principales, pero entonces, como ahora, las autoridades democráticas continuaron su asombrosa fuga hacia adelante.
