Por Francisco Martorell / La Nación 31 de diciembre de 2006.

El Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, dirigido por el ex senador Raúl Rettig, fue categórico: “la desinformación de la Opinión Pública contribuyó sin duda a mantener las violaciones a los Derechos Humanos”.

El escrito, encargado por el Gobierno de Patricio Aylwin y dado a conocer en marzo de 1991, dice que en el primer periodo, etapa que marcó los 17 años de dictadura, los medios de prensa que “sobrevivieron” adhirieron al régimen militar, publicando y difundiendo la información que éste les solicitaba “sin preocuparse de averiguar la verdad”.

El informe no hace diferencia de soporte. Tanto la prensa, como la radio y la TV, son severamente cuestionadas, se asegura, porque “mantuvieron una actitud tolerante con las violaciones a los DDHH”.

Según un reciente manifiesto del Colegio de Periodistas de Chile, donde fija su posición respecto a lo ocurrido esos años, “la dictadura, con el objeto de desinformar a los chilenos, generó usinas de rumores, montó campañas comunicacionales y utilizó medios de reconocido prestigio en la ciudadanía para engañar al mundo entero”.

El control impuesto por las nuevas autoridades, vía censura previa hasta diciembre de 1973, fue paulatinamente relajándose porque los medios internalizaron la autocensura y compartieron las políticas del nuevo gobierno. Tal hecho fue confirmado por María Eugenia Oyarzún, periodista y alcaldesa de Santiago durante el gobierno militar, quien en la revista “A toda Prensa señaló que lo más grave fue la autocensura.

Para Juan Pablo Cárdenas, premio Nacional de Periodismo 2005 y ex director de la revista “Análisis” (1977-1993), el golpe “desgarró nuestro quehacer y alineó a los comunicadores sociales en dos expresiones diametralmente distintas: los que se arrodillaron ante los gobernantes de facto y los que intentaron romper el bloque informativo impuesto por el régimen militar”.

La diferencia entre unos y otros fue que los propietarios de diarios y revistas, así como las autoridades de los canales de TV o radios que se mantuvieron, adhirieron sin miramientos a las nuevas políticas, y los periodistas, que en algunos casos no estaban de acuerdo, debieron callar o sufrir las consecuencias. Recién a fines de los 80 pudieron sentirse voces disidentes dentro de la prensa nacional, sin embargo minoritarias y que, además, sufrieron las consecuencias de su arrojo. Otros periodistas, desde medios afines al régimen, no dudaron en sumarse a las campañas comunicacionales de la dictadura.

DE LA FALSEDAD AL MONTAJE

Si bien en los primeros días tras el golpe de 1973 e, incluso, en los meses siguientes se produjeron acciones de prensa cuya única finalidad era ocultar los fusilamientos y crímenes, también la prensa escrita se prestó para operar contra las depuestas autoridades haciéndose eco de las informaciones que surgían de las usinas de rumores creadas por los nuevos gobernantes. El Presidente Allende fue el centro de los ataques. Luego sus colaboradores.

En esos días, también, sin cuestionamiento alguno, los medios se hicieron eco de una versión que tardó años en desmoronarse y que, para los más fanáticos de la dictadura, hoy sigue justificando la asonada del 11 de septiembre: el llamado Plan Zeta.

Se trató de un burdo montaje que nació, según la investigación del periodista Francisco Herreros, el 17 de septiembre de 1973. “El servicio de inteligencia de la Armada filtró al corresponsal en Concepción de los diarios El Mercurio y Las Ultimas Noticias, Julio Arroyo Kuhn, la existencia de ‘un plan destinado a decapitar la cúpula militar y eliminar a la oposición al gobierno de Allende’”, relató Herreros.

La información, “de buena fuente”, según Arroyo, fue reproducida luego en Santiago, por “El Mercurio”: “El descerrajamiento de la caja fuerte de la Subsecretaría del Interior dejó al descubierto el minucioso plan elaborado para que se cumpliera el 17 de septiembre, a fin de asesinar simultáneamente a los jefes de las Fuerzas Armadas, políticos de oposición, periodistas y profesionales que discreparan con el gobierno depuesto”.

El hallazgo, que luego fue oficializado en el “Libro Blanco” de la dictadura, redactado por el historiador Gonzalo Vial, tuvo una seguidilla de informaciones sobre arsenales y escuelas de guerrillas que, eventualmente, lo “avalaron”. “Comunistas y socialistas serían los ejecutores: 600 familias iban a ser asesinadas en Concepción”; “Marxistas Proyectaban la Destrucción de Limache”; “Planes Siniestros Alentaban Marxistas en Zona Salitrera”; “Otra Escuela de Guerrillas se Descubrió en Nueva Imperial”, fueron, entre otros, los titulares que entregó la prensa “uniformada” en esos días. Años después, el entonces director de “El Mercurio”, René Silva Espejo, dijo a La Nación que no tenía prueba alguna de la existencia del Plan Zeta. “En ese momento se daba como un hecho cierto. Para mí es hoy una incógnita”, señaló en 1993 el fallecido ejecutivo de Edwards.

Respecto a la situación de los DDHH, mientras tanto, se ignoró lo que estaba ocurriendo y los crímenes, en su mayoría, fueron transformados en “fusilamientos legales”, “enfrentamientos” o “muertes por fuga”. El diario “El Mercurio”, por ejemplo, en su edición del 14 de septiembre de 1973, apenas tres días después del Golpe, aseguró que el director de la Policía de Investigaciones de la UP, Eduardo “Coco” Paredes, había muerto en un enfrentamiento. El ex funcionario fue detenido en La Moneda, fusilado en un regimiento y estuvo desaparecido durante décadas.

OPERACION COLOMBO

Fueron precisamente los llamados “desaparecidos” los que más dolor de cabeza provocaron a las autoridades de la época y, por lo tanto, éstas obligaron a los medios a utilizar un léxico que evitara que la ciudadanía pensara siquiera que existían. De ahí que nunca, en la prensa uniformada, la palabra se escribió o se dijo sin anteponerle “presuntamente” “presuntivamente” o “presunto”.

En 1975 eran 768 los chilenos que se encontraban en esa situación y, ante un escenario internacional desfavorable, el aparato comunicacional de la dictadura ideó un montaje que incluyó a publicaciones en Argentina y Brasil.

En dos revistas sin prestigio alguno, Lea y O’Dia, fueron publicados los nombres de 119 chilenos, que figuraban en las listas de detenidos en Chile elaboradas por familiares y presentados por la Iglesia Católica a las autoridades judiciales. Según esos medios, decenas de miristas habían sido eliminados por sus propios compañeros de lucha “en un vasto e implacable programa de venganza y depuración política” fuera del país.

La noticia, que no tenía asidero alguno y menos fuentes confiables, fue reproducida en Chile por los principales medios nacionales, entre ellos “La Tercera”, “El Mercurio” y “La Segunda”. Este último, en su edición del 24 de julio de 1975, informó con letras rojas y de catástrofe: “Exterminan como ratas a miristas”. La información, una vez más, provenía de “una fuente responsable” del gobierno chileno.

Para “La Tercera” los mencionados por las fantasmales revistas “Lea” y “O’Dia” eran “extremistas” que “jamás fueron detenidos” y que lograron salir del país. En menos de 24 horas, la agencia Latin Reuters y el diario argentino “La Opinión” desmontaron la operación comunicacional pero ello no se escuchó en Chile.

“El Mercurio” ya había sentenciado en su página editorial que “los periodistas y políticos extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR, y culparon al Gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar”.

El Comité Pro-Paz, que dio luego se transformó en la Vicaría de la Solidaridad, salió al paso del montaje y aseguró que los 119 habían sido detenidos en Chile y existían pruebas de ello. “El Mercurio” tardó 9 días en reconocer que acogió las primeras informaciones “sin aguardar confirmación oficial y limitándose a citar la fuente de donde provenía”, señalando, además que las revistas “Lea” y “O’Dia”, eran “periódicos de ninguna significación”. El daño estaba hecho.

Meses más tarde, nuevamente, la cadena de El Mercurio SA reproduciría palabras ofensivas para los familiares de personas detenidas desaparecidas al citar, sin cuestionamiento alguno, la versión que dio en la ONU el entonces embajador chileno ante el organismo, Sergio Diez, quien aseguró que muchas de las denuncias eran falsas. Cinco “presuntos desaparecidos”, según “La Segunda”, fueron ubicadas trabajando “tranquilamente” en el país y todo el enredo era “una conjura internacional contra Chile”.

El 9 de diciembre del 77, el vespertino volvió a la carga luego de un fallo judicial que rechazó el amparo presentado por 14 personas desaparecidas, asegurando que se trataba de una “Nueva Felonía Marxista Ante los Tribunales: No hay Tales ‘Desaparecidos’”. Fue su portada. Y, dos meses después, “La Tercera” la secundó con otra primera plana de antología: “Desaparecidos Se fueron en Tren, Camiones y a Dedo”.

Treinta años después de estas publicaciones, el Tribunal de Ética y Disciplina del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas condenó por las mismas a los ex directores de “El Mercurio”, “La Segunda”, “Las Últimas Noticias” y “La Tercera” por no cumplir con el deber “de entregar la verdad a la ciudadanía”, respecto del secuestro y desaparición de 119 prisioneros políticos en la llamada Operación Colombo.

LOS NUEVOS MONTAJES

En los 80, luego de disuelta la DINA y en pleno reinado de la CNI, los montajes dieron paso a comunicados oficiales donde los opositores morían, casi siempre, en enfrentamientos con la fuerza pública y que, curiosamente, no provocaban bajas en las filas de la Central de Informaciones.

En medio de loas a los gobernantes, los medios de prensa adictos al régimen de Pinochet prácticamente no se cuestionaban los hechos y daban cuenta, con total normalidad, de las matanzas.

Sólo la expulsión del dirigente DC, Andrés Zaldívar Larraín, provocó la reacción de algunos directores de medios oficialistas contra la decisión de Augusto Pinochet, en un encuentro al que fueron convocados a La Moneda. Cristián Zegers y Héctor Olave, cuando el dictador les explicó la medida, le hicieron notar lo inconveniente de la misma y le solicitaron que la revocara.

Luego, con el arribo de Sergio Onofre Jarpa y el inicio del dialogo político, la prensa escrita abrió espacios a algunos opositores, los entrevistó y fue capaz, incluso, de criticar aspectos parciales del régimen. Sin embargo, aunque algunos sostienen que hicieron lo que pudieron en esos años y que leyendo entrelíneas algo se encuentra, fue demasiado poco.

Los prensa uniformada, en general, siguió prestando oídos a los montajes comunicacionales y no tuvo voz para criticar las graves violaciones a los DDHH que se cometían delante de sus ojos.

El caso más emblemático, sin duda, es el ocurrido los días 15 y 16 de junio de 1987 cuando agentes de la CNI asesinaron a 12 dirigentes, militantes y ayudistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en lo que se conoció como “matanza de Corpus Christi” u “Operación Albania”. La justicia, ya en democracia, comprobó que se trató de “ejecuciones” y, a pesar de que la prensa opositora, que en esos años era representada por Análisis, Apsi, Cauce y Hoy, entre otros, lo señaló así, no tuvo eco en la gran prensa.

“Contra toda lógica y rigor profesional, amparándose en el abuso de versiones atribuidas a ‘fuentes de inteligencia’, la prensa uniformada sólo supo ver ‘enfrentamientos’ entre ‘terroristas’ y ‘fuerzas de seguridad’”, señala en su trabajo “La Prensa Canalla” el periodista Francisco Herreros y lo ejemplifica con el titular de “El Mercurio” del 17 de junio: “En Tres Enfrentamientos en Las Condes y San Miguel Fueron Abatidos 11 Integrantes del FMR”.

Para Herreros, en el trabajo ya citado y publicado en El Siglo, queda de manifiesto en este caso la “connivencia entre “La Tercera” y la CNI” por la aparición en ese diario de “testigos presenciales” que avalaban la tesis del enfrentamiento.

En este periodo, si bien el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación reconoce que hubo “apertura de crecientes espacios de libertad de información”, por la aparición de las revistas ya mencionadas, el periódico “Fortín Mapocho” y radioemisoras como Cooperativa y Chilena, la prensa uniformada no aprovechó el momento, asegura el escrito, “ya sea porque su adhesión al régimen los llevó a adoptar una postura ausente de toda crítica, ya porque la autocensura se transformó en un hábito del cual resultó difícil desembarazarse”.

FAVOR CON FAVOR SE PAGA

En noviembre de 1991, más de tres años después del plebiscito y cuando Patricio Aylwin llevaba 18 meses en la Presidencia de la República, el entonces juez del V Juzgado del Crimen de Santiago, Alejandro Solís, sometió a proceso por fraude al fisco a la última plana mayor que tuvo el Banco del Estado en dictadura y que encabezó Álvaro Bardón.

El economista, miembro del Consejo Editorial de “El Mercurio” antes y después de su pasó por la entidad fiscal, visó con su firma, el 9 de marzo de 1990, un convenio de reprogramación financiero con “La Tercera” y “El Mercurio” que significó una rebaja de un tercio de la deuda que mantenían ambos consorcios periodísticos con el Banco del Estado.

Según la querella presentada por el propio Banco de Estado, ya en democracia, éste sufrió un daño patrimonial de 25 millones de dólares, el 8 por ciento del capital y reserva que la entidad financiera tenía en 1989.

De acuerdo a los informes presentados en el juicio, tanto El Mercurio SA como Copesa, estaban técnicamente quebradas y, sin el arreglo que hizo Bardón, no hubieran sobrevivido empresarialmente.

Si bien la Corte de Apelaciones confirmó el fallo, la Suprema, en una sala que integraron Hernán Cereceda y Leonel Beraud, con el apoyo del abogado integrante Luis Fernández, dejaron las cosas favorables para Bardón y su cúpula y salvaron, una vez más, el honor de los diarios que se mostraron proclives al régimen militar durante sus 17 años.